Como consecuencia de laparticipación de nuestros socios en los debates internos, Accors publica las propuestas y el eje de sus reivindicaciones para combatir la corrupción y lograr la regeneración imprescindible en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
La motivación de nuestra actuación
- Cada día aparecen más casos de corrupción pública, siendo necesario aplicar con rigor la Ley y el Estado de Derecho en todas sus formas.
- Ninguna de las instituciones afectadas por tales comportamientos, y ninguno de los partidos, sindicatos o asociaciones que han posibilitado a los responsables los cargos o funciones en los que se han generado los actos de corrupción, están reaccionando
con la urgencia, determinación y contundencia que la sociedad exige para su reproche y erradicación.
- La tolerancia hacia la corrupción pública fomenta el crecimiento de la corrupción privada, siendo necesaria una vuelta a los valores éticos desde la infancia y una voluntad clara de transparencia por parte de todos.
- Los ciudadanos no podemos permanecer impasibles. No denunciar la corrupción, tolerar la impunidad de los corruptos, y no protestar contra quienes les otorgan impunidad, nos degrada a la condición de súbditos, y vicia de manera irreversible el desarrollo
futuro de nuestra sociedad.
- Es esencial la concienciación social y la exigencia de responsabilidad a quienes no sean dignos de recibir la confianza de los ciudadanos, o la de-frauden, siendo preciso la existencia de controles preventivos en todos los campos tanto públicos como privados.
-Tolerancia cero con la corrupción.
Propuestas para combatir la corrupción y lograr la regeneración social:
- Transparencia económica de instituciones, partidos políticos, sindicatos y personas que participen, de cualquier modo, en el desempeño de funciones públicas, o reciban fondos públicos: sus presupuestos, cuentas, balances, memorias, y listados de ingresos y
gastos, deben ser públicos y auditables de manera independiente,
- Se deben publicar los currículos de todos los cargos electos en las web de sus partidos políticos.
- Control público de los gastos de representación que se paguen con cargo a fondos públicos.
- Obligación de identificación de quienes financien a los partidos políticos y sindicatos.
- Modificación de la Ley Electoral para el establecimiento de listas abiertas.
- Independencia efectiva de los cargos e instituciones de la Administración de Justicia. (Jueces, Magistrados, Secretarios, Fiscales…)
- Desaparición de los sistemas de elección por los partidos políticos.
- Independencia efectiva de los órganos e instituciones de control de la actividad económica y financiera pública (Tribunal de Cuentas, Intervención del Estado, Agencia Tributaria) respecto de los partidos políticos).
- Tipificación, como delito, del enriquecimiento injustificado de funciona-rios o autoridades; así como de la falta de veracidad en sus declaraciones de bienes: o en las declaraciones relativas a la financiación de los partidos políticos o sindicatos.
- Supresión de los aforamientos, salvo para la persecución de actos cometidos por parlamentarios en la manifestación de sus opiniones o pensa-mientos en actos parlamentarios.
- Imprescriptibilidad de los delitos relativos a la corrupción.
- Prohibición de indultos a los condenados por delitos relativos a la corrupción.
- Posibilidad de acordar prisión preventiva si no se reintegran los fondos públicos apropiados o malversados, y exista riesgo de desaparición definitiva de los mismos, en la instrucción de las causas judiciales por delitos relativos a la corrupción.
- Establecimiento de juicios rápidos para enjuiciamiento de los delitos relativos a la corrupción.
- Inaplicación de los institutos de suspensión de ejecución y de sustitu-ción, a las condenas a penas de prisión por los delitos relativos a la corrupción.
- Exigencia de devolución íntegra de los caudales públicos para la aplicación, en estos casos, de cualquier beneficio penitenciario.
- Prohibición de presentación de personas imputadas judicialmente por delito, a cualquier puesto o cargo público, de manera individual o formando parte de listas electorales.
- Inhabilitación de las personas condenadas por delitos relativos a la corrupción para contratar con Administraciones y empresas públicas y recibir fondos, subvenciones o cualquier financiación pública.
- Obligación de privación de honores, distinciones y reconocimientos públicos a quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la co-rrupción.
- Obligación de los partidos políticos de rendir cuentas en las mismas condiciones que las sociedades mercantiles y e implantación de obligatoriedaddecódigos de conducta de sus miembros.