El objetivo prioritario es la lucha contra la corrupción y conseguir una regeneración social.

Para ello podrá:

1 - Denunciar todas aquellas situaciones de corrupción y prácticas irregulares de las que tenga conocimiento en todos los ámbitos.

2 - Exigir un ejercicio ético y responsable de la política y de las instituciones públicas y privadas a nivel local, autonómico, nacional y europeo y denunciar públicamente las que se conozcan en cada uno de estos ámbitos.

3 - Demandar de todos los órganos de los Partidos políticos un decidido, eficaz y sostenible posicionamiento contra la corrupción y sobreponer siempre los intereses generales de la nación por encima de los partidarios y personales.

4 - Verificar que las Organizaciones Empresariales y Sindicales en todos sus ámbitos y sectores, centran su labor institucional y operativa en la defensa de los intereses generales y que su actuación es transparente y contraria a cualquier tipo de corrupción.

5 - Reclamar de los empresarios, autónomos y trabajadores en su gestión profesional, relaciones laborales y en la de estos con sus clientes y proveedores, un permanente posicionamiento anticorrupción y de denuncia de tales prácticas.

6 - Instar iniciativas legislativas más eficaces para restringir, impedir las prácticas corruptas y que requieran un mayor control, vigilancia y transparencia incluida la exigencia de responsabilidades personales asociadas a las transacciones con dinero público entre empresas y entes privados y las Administraciones y empresas públicas, así como en la aprobación de los presupuestos de obras e inversiones públicas y sus posteriores ajustes y liquidación.

7 - Definir y promocionar códigos de buenas prácticas y sensibilizar a la sociedad civil para su asunción y cumplimiento a nivel social y personal.

8 - Reclamar de todos los servidores de las instituciones, entes y empresas públicas un decidido y permanente posicionamiento anticorrupción y así como la denuncia de tales prácticas, de descubrirse en su propio entorno profesional o de cualquiera de las Administraciones Públicas.

9 - Promover una participación social que permita garantizar la transparencia en la vida institucional y el control efectivo de la actividad pública.