EFE - 24/05/2013. Luis Lidón. Viena, 24 may (EFE).-
Quienes practiquen sobornos, blanqueo de capitales y fraudes lo tienen ahora más difícil en Austria, donde la Fiscalía ha puesto en marcha una web para denunciar de forma anónima posibles delitos económicos. "Era un deseo de muchos años de la Fiscalía Anticorrupción contar con un sistema que permitiera recoger revelaciones anónimas", explica a Efe Erich Mayer, el portavoz de ese departamento. Este responsable judicial no oculta su satisfacción por el "gran interés" que ha despertado la plataforma, a la que se accede desde la página web de la Fiscalía Anticorrupción...
http://www.justiz.gv.at/internet/html/default/wksta.de.html), y que en las primeras seis semanas ha recabado 365 alertas sobre posibles irregularidades y ha recibido más de 35.000 visitas. De esas 365 pistas, en un 45 por ciento existen indicios suficientes de delito para la Fiscalía, y otro 20 por ciento trata sobre prácticas tributarias irregulares, por lo que corresponderá a Hacienda seguirles el rastro. "La propia naturaleza de los delitos económicos y la corrupción hace que sean las personas que están al tanto de esas actividades en su terreno más cercano las que den la voz de alarma. Que puedan dar testimonio de forma anónima es fundamental", subraya. En este sistema que estará a prueba en Austria durante dos años el anonimato del informante se garantiza con un potente sistema de 'encriptado', que le otorga un código identificativo para acceder a un buzón virtual. Gracias a ese buzón, la Fiscalía puede contactar con el denunciante sin tener acceso a su identidad para solicitarle más detalles o documentos sobre las irregularidades de las que alerta. "En Austria existe la denuncia anónima, pero está el problema de que no se puede preguntar sobre algunos aspectos de esa denuncia. Con este sistema podemos comunicarnos con el informante y pedir más precisiones y documentos", señala el portavoz de la fiscalía. El denunciante es en todo momento quien controla los contactos y quien decide si revela finalmente su identidad. Hace dos años, la Fiscalía empezó a evaluar distintos sistemas y se optó por el de la empresa alemana "Business Keeper", que ya se emplea en dos Estados federados germanos y en muchas otras organizaciones, como la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la telefónica Telekom Austria, entre otros. Esta iniciativa se ha puesto en marcha después de que una oleada de escándalos de corrupción haya azotado la república alpina y se investigue a varios exministros y antiguos altos cargos de la administración y empresas públicas. El pasado enero, el exministro del Interior conservador y antiguo eurodiputado Ernst Strasser recibió una condena de cuatro años de cárcel por haber pedido 100.000 euros a cambio de establecer enmiendas a la carta en el Parlamento Europeo. Desde la ONG Transparencia Internacional (TI) se muestran muy satisfechos con este nuevo instrumento, pero destacan que es solo un parche para tapar la falta de una legislación adecuada que proteja a los informantes, denominados "Whistleblowers", una palabra inglesa que define a quien toca el silbato cuando ve alguna irregularidad. Los países más avanzados en proteger a quienes denuncian irregularidades son EEUU y el Reino Unido, mientras que en la Europa continental existe una "zona gris legal", según explica Karin Mair, la experta de TI en Austria en este campo. Esta situación alienta poco a la ciudadanía a denunciar conductas inadecuadas porque pueden acarrear todo tipo de problemas, desde el despido hasta ser acusado de un delito de revelación de secretos o difusión de información confidencial, sostiene la especialista. En Austria, como en la mayoría de los países europeos se ofrece protección a "arrepentidos", esto es, a personas que denuncian actividades delictivas tras participar en ellas, pero no siempre a quien informa sin estar directamente implicado. Mair además aboga por un cambio cultural, tanto en la empresa privada como en la administración, para promover una cultura de la transparencia, ya que quienes denuncian malas prácticas en su entorno son vistos todavía como "traidores" y "delatores". La ONG británica "Public Concern at Work" publicó la semana pasada el estudio "Whistleblowing: The Inside Story", en el que revela que el 70 por ciento de 1.000 encuestados que denunciaron irregularidades en su trabajo vio empeorar su situación laboral, de ellos el 15 por ciento fue incluso despedido. Y eso que esta práctica es buena para el interés general, según todos los expertos, no sólo para las arcas públicas, que pueden ahorrarse millones si se evita que la empresa menos competitiva gane licitaciones mediante corruptelas, sino para todo tipo de organizaciones al reducirse el daño de su imagen. Estados Unidos incluso recompensa a quien ayuda a destapar fraudes, como los 104 millones de dólares que pagó en el año 2012 a Bradley Birkenfeld, un antiguo directivo del banco suizo UBS que desveló una trama para que clientes estadounidenses evadiesen impuestos a gran escala.
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