Olalla Novoa Ojea | Madrid. El Mundo 19/5/13. Ilustración: Luis Parejo
En los tribunales se tramitan más de 1.600 casos de corrupción y no pasa un día sin que afloren titulares involucrando a alcaldes, consejeros, partidos políticos, hasta a la Casa Real en procesos judiciales por abuso de poder. Sólo el paro preocupa más: un 44,5% de los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) piensa que la corrupción es una de las grandes lacras del país, por delante incluso de los problemas de índole económica. "Los españoles perciben que somos un país de corruptos", explica Javier Noya, investigador del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de la Marca España. Aunque el juicio es más duro en casa que en el extranjero, en países como Reino Unido y Alemania empieza a hacer mella el flujo de noticias desde la piel de toro, multiplicando la desconfianza hacia lo español.
¿Está la corrupción en el ADN nacional? No, coinciden los expertos. Para empezar, "en el caso español, si comparamos las percepciones de la corrupción y las experiencias personales de los ciudadanos hay una gran disonancia", precisa Víctor Lapuente, especialista en temas de administración pública y corrupción del Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Grecia o Rumanía, la vida diaria no está mediatizada por el pago de sobornos o corruptelas en servicios básicos, como la educación, la sanidad o la seguridad ciudadana. En las bajas esferas estamos 'limpios'. El problema no es la corrupción administrativa, sino la corrupción política. Tampoco es un problema nuevo. Los casos que ahora salen a la luz con tanto revuelo "se desarrollaron desde la expansión económica, a partir del año 93" vinculados en especial al terreno urbanístico, señala Manuel Villoria. El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y Director del departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset constata que "más que a nivel del Estado, la corrupción se ha concentrado a nivel autonómico y sobre todo local, donde hay menos controles y más discrecionalidad". Recalificar terrenos era una forma fácil y relativamente 'segura' de ganar dinero rápido con pocos riesgos. ¿Qué pasará ahora que el sector de la construcción ha colapsado? "La corrupción se ha desplazado a otras áreas, probablemente la contratación pública, las concesiones, las privatizaciones...", enumera Villoria, que incide en los problemas de la falta de transparencia en las adjudicaciones y de las famosas 'puertas giratorias', cuando los políticos pasan a trabajar en empresas del sector donde anteriormente ejercía su cargo público. En el ranking que cada año elabora la organización Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción España aparece a la altura de Botsuana, estancada en torno a la posición número 30 del índice y por detrás de la mayoría de la antigua UE de los 15.
¿Quién no ha usado nunca un 'enchufe'?
"Con el 'boom' se hizo la vista gorda, crecieron las oportunidades, pero eso también indica que la corrupción no está en nuestros genes, no está en nuestra cultura. No debemos resignarnos a esa idea", afirma Lapuente, que cree que la gente responde a los incentivos. Villoria coincide: "Yo creo que no somos peores que los ingleses o los suecos. El español ve claramente lo que esta bien o mal, es muy riguroso. No hay grandes diferencias en cuanto a las actitudes frente al crimen, otra cosa es que, como todo el mundo lo hace, a la hora de ponerlo en práctica la cosa cambie". El quid de la cuestión está en los mecanismos sociales que pueden poner en marcha un dominó corrupto: "La gente hace lo que cree que los demás hacen. Si la gente que tiene ejemplaridad, que nos gobierna y marca las leyes, practica la corrupción están diciendo: 'hazlo tú también'", apunta Concepción Fernández, profesora de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Así, de poco sirve aprobar normas si no se cumplen. "Los ciudadanos participan en actividades corruptas o poco éticas ante la percepción generalizada de que hay mucha corrupción, de que es posible saltarse las leyes y hasta es justificable. Esto destruye el armazón de la sociedad y es muy preocupante", incide Villoria. Por ejemplo, todo el mundo se queja de los 'enchufados' pero, ¿quién, teniéndolo, no ha echado mano de un 'enchufe' alguna vez? Para otros, el problema es más profundo. "El Estado nos ha convertido en un país de corruptos al tratar al ciudadano como un estafador imponiendo sanciones y cargas desproporcionadas", denuncia Juan Antonio Herrero, director del Máster en Ética y Política Pública del Centro Universitario María Cristina del Escorial. En su opinión, el resultado de esta "ingeniería social", que toma decisiones políticas sin tener en consideración criterios éticos, genera un "sufrimiento tremendo sobre la población" que deviene en un proceso de desmoralización y opta por defenderse saltándose las normas. "Si el Estado fuese justo la gente actuaría de otra manera", insiste Herrero.
Corrupción para todos los gustos
Esa falta de ecuanimidad permea también a otros niveles. "Somos un país con mucha impunidad hacia la corrupción. Ha habido mucha tolerancia desde las altas esferas, especialmente para la gente que tiene más poder, porque tiene más posibilidad de escapar de las normas", apunta Fernández. La experta en psicología social de la Complutense cree en que las consecuencias de este "desmoronamiento de normas" pueden ser muy graves. "Hay mucho malestar que tiene que ser encauzado". El Banco Mundial define la corrupción como el abuso de poder para beneficio privado. "Normalmente identificamos la corrupción jurídicamente perseguible -soborno, malversación, cohecho...- pero hay otra más sofisticada y compleja de la que no hay casi información en España", incide Villoria, en referencia a la financiación de los partidos y la influencia de grupos de presión a la hora de elaborar leyes y marcar políticas. ¿Qué podemos hacer? Para Lapuente, la solución "debe centrarse en mejorar la calidad del gobierno más que perseguir la corrupción con medidas policiales o especiales, pero esto también puede dar lugar a que el sistema tradicional de partidos salte por los aires, como pasó en Italia, sin que cuaje una alternativa, y sea un mal equilibrio sostenido en el tiempo". Otros van más lejos. "Haría falta sin lugar a dudas un pacto nacional contra la corrupción y una serie de medidas básicas: reducir el poder de los partidos políticos y hacerlos más responsable frente a los ciudadanos, reducir la politización de la Justicia, mejorar la labor del Tribunal de Cuentas, establecer un sistema de denuncias...", repasa Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional. Los expertos coinciden en que la transparencia es fundamental. Sin embargo, la ley que prepara el Gobierno no se ha librado de las críticas. "Está por debajo de los estándares internacionales", afirma Jacobo Elosua, cofundador de la Fundación Civio, volcada en proyectos sobre transparencia y rendición de cuentas. En su opinión, se queda corta al incluir el silencio administrativo negativo; por la falta de independencia de la autoridad supervisora, que queda bajo el paraguas ministerial; al no considerarse el acceso a la información como un derecho fundamental; por la limitación del tipo de documentos que se pueden solicitar; y exclusiones de entidades como la Casa Real y los sindicatos o partidos políticos, que parece que finalmente sí estarán incluidas.
Una factura abultada
La corrupción tiene un claro impacto económico, explica Noya, porque "mina la legitimación del gobierno y dificulta poner en práctica más medidas de ajuste; por otra parte, las empresas quieren seguridad jurídica, garantías, a la hora de invertir en un país". Según el Banco Mundial, la corrupción puede reducir el PIB de un país en más de un 0,5%, esto es, el equivalente a lo que ha retrocedido la economía del país en el primer trimestre del año. "La corrupción actúa como un impuesto regresivo, y castiga a los ciudadanos más pobres y a las empresas más pequeñas. Restringe el acceso de los ciudadanos más vulnerables a los servicios y se la vincula con una menor calidad de los servicios públicos. Representa un gran costo para las empresas", afirmaba el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim recientemente. La entidad, además, ha presentado datos muy ilustrativos, recuerda Villoria: "Implica que hay más gasto público, sobre todo en áreas de infraestructuras, pero reduce mucho los ingresos públicos. Es como si a los impuestos a las empresas le aplicáramos una tasa marginal de hasta 10 puntos, y reduce la inversión, sobre todo a largo plazo, que es la más productiva".
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